El presidente Álvaro Uribe Vélez sancionó este miércoles el Tratado de Libre Comercio (Ley número 1143 del 4 de julio) firmado entre Colombia y los Estados Unidos en noviembre del año pasado, y que ya había sido objeto de la correspondiente ratificación por parte del Congreso de nuestro país. En cuanto a Estados Unidos, al Tratado le falta la aprobación en el Congreso y el intercambio de notas con el gobierno colombiano, para que entre en vigencia.

       En el primer trimestre de 2007 (2.342 millones de dólares) y en comparación con el mismo período de 2006 (1.171 millones), se duplicó la Inversión Extranjera Directa. Los sectores principales en la recepción de inversión extranjera fueron la industria manufacturera con 871 millones de dólares; le siguió la inversión en el sector petrolero que fue de 583 millones de dólares y en carbón de 404 millones de dólares.

       El 5 de julio fue un día histórico en Colombia. El país salió a las calles a pedir la liberación inmediata de los secuestrados y la entrega de los cadáveres de los 11 ex diputados asesinados en cautiverio por las FARC. Mientras el nivel de aprobación de grupos paramilitares y guerrilleros no supera el 5%, el ejército y la policía son las instituciones que cuentan con la mayor aprobación de la opinión pública, aún por encima de la Iglesia y de los medios de comunicación. Por eso, en Colombia no se puede hablar de una guerra civil en la que la sociedad está dividida en dos bandos opuestos.

Los colombianos respaldan su sistema democrático, confían en sus instituciones y rechazan las acciones de los grupos violentos que, financiados por el narcotráfico, ostentan un poder de intimidación de grandes proporciones.

Es fundamental que la comunidad internacional acompañe el clamor del pueblo colombiano y le exija al grupo terrorista no dilatar la entrega de los cuerpos de los 11 diputados a sus familiares y facilitar el esclarecimiento forense de los hechos. Es igualmente esencial exigirles a las FARC que dejen de secuestrar y cesen sus hostilidades, al tiempo que se buscan alternativas creativas que procuren la libertad de quienes están hoy cautivos, sin desatender los principios fundamentales de la preservación institucional.

       Colombia es un país seguro para los sindicalistas, aseguró el canciller Fernando Araújo Perdomo, y llamó la atención de los países amigos: “Somos más exitosos en esta batalla contra la violencia si las organizaciones internacionales y los países amigos nos acompañan y no si nos dan la espalda”, al referirse a uno de los logros más importantes de la política de Seguridad Democrática. El homicidio de sindicalistas pasó de 99 en 2002, a 25 en 2006 y entre enero y abril de 2007 se ha presentado una víctima, una reducción del 74 por ciento.

Por su parte, el ex dirigente sindical, Angelino Garzón, ex ministro de Trabajo (2000 - 2002), ex presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), ex miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, militante en un partido político opositor al Gobierno y actual Gobernador del Valle del Cauca, afirmó que en Colombia sí ha habido una reducción en el número de sindicalistas asesinados.

Garzón pidió al Congreso de Estados Unidos discutir los problemas de fondo, y dijo que allá hay una fuerte tendencia al proteccionismo, que no quiere acuerdos comerciales y que nosotros si los necesitamos, como las preferencias arancelarias, los acuerdos comerciales y de inversión. Insistió en que “no es satanizando ni condenando, ni llevando a la condición de paria a Colombia como nos van a ayudar a resolver los problemas de violencia, narcotráfico y mejorar el bienestar social de la población”, dijo el Gobernador.

       De los 6.544 colombianos secuestrados por las Farc, desde enero de 1997 hasta el 31 de mayo de 2007, 322 murieron en cautiverio, 103 se fugaron, 815 fueron rescatados por la Fuerza Pública y 313 fueron liberados por presión de las tropas. (291 eran niños, 30 aún permanecen en cautiverio, incluyendo a Emmanuel, hijo de Clara Rojas quien se encuentra secuestrada, quien nació sin conocer la libertad). 740 aún permanecen en cautiverio, reveló el Ministerio de Defensa, según cifras del Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal. Y gracias a la Política de Defensa y Seguridad Democrática, entre 2002 y 2006 el secuestro se redujo un 76%, al pasar de 2.882 casos a 687, de los cuales, las Farc son responsables del 29 por ciento.

       El mundo condenó el asesinato de los ex diputados en cautiverio durante cinco años cometido por las FARC. Responsabilizaron a esa organización terrorista por la muerte de los políticos vallecaucanos, el Gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea, el G-24, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y los gobiernos de Francia, España y Suiza así como el Sistema de Naciones Unidas en Colombia repudiaron el asesinato. Todos los pronunciamientos también hacen un llamado a las Farc para que no sólo liberen de manera inmediata, y sin condiciones, a todos los secuestrados en su poder, sino para que faciliten la recuperación de sus cuerpos para que los familiares puedan darles sepultura. En su tradicional rezo del Ángelus dominical ante los fieles y peregrinos de todo el mundo, el Santo Padre calificó el hecho de “BÁRBARO”.

       OEA efectuará un liderazgo internacional para que aparezcan los cuerpos de los 11 ex diputados del Valle del Cauca asesinados por las FARC, reveló el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, al presidente Álvaro Uribe Vélez.

       En un compromiso del Gobierno Nacional, los recursos para parques naturales pasarán a $20 mil millones de pesos en 2008, aseguró el Sistema Nacional de Parques Naturales de Colombia. Pasará de 6.700 millones a 14 mil millones de pesos. Esto sumado a los recursos de cooperación internacional, permitirá contar con 20 mil millones.

       Con fines de extinción de dominio de 22 predios del departamento de Nariño, la Policía Antinarcóticos, en coordinación con la Fiscalía, la Dirección Nacional de Estupefacientes y el Instituto de Medicina Legal, realizó el proceso de ocupación de los predios que fueron usados para cultivar amapola. Meses atrás la Policía efectuó las operaciones de erradicación manual sobre dichos cultivos, ubicados en los municipios de Córdoba, Túquerres, Fúnes y Puérres. Tienen un área de 90 hectáreas y están avaluados en 800 millones de pesos. Desde 2006, la Policía Nacional ha erradicado manualmente 364 hectáreas de amapola en estos cuatro municipios.

       Acción Social invertirá 44 mil millones de pesos a través del programa de Infraestructura vial en 13 departamentos del país, para vías secundarias y terciarias que buscan mejorar la calidad de vida de las comunidades ubicadas en su mayoría en el área rural. Se firmaron 67 proyectos con alcaldes de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cesar, Córdoba, Magdalena, Nariño, Quindío, Santander, Sucre y Valle del Cauca.

(Fin/jna)